EL GOBIERNO NACIONAL SIGUE ADELANTE CON LA DESREGULACIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y LA REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN FISCAL PARA BAJAR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE DIFERENTES RUBROS DE LA ECONOMÍA.
De hecho, el sector agropecuario ya ha sido beneficiado con una mayor flexibilización para el ingreso de otros productos, como fitosanitarios, la eliminación de trabas para exportar y la merma temporal de retenciones a los principales granos.
En el caso de la rebaja de las alícuotas para el agro, el próximo 30 de junio deberá definirse si el alivio fiscal continua para el maíz y la soja, como ya sucedió con el trigo y la cebada, cultivos de invierno para los que el beneficio se extendió hasta el 31 de marzo de 2026.
En tanto, desde el 1° de julio comenzará a regir una modificación clave en el régimen de percepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el sector de supermercados y comercios de alimentos.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció, mediante la Resolución General 5710/2025 publicada en el Boletín Oficial, que las compras menores a $10 millones quedarán exceptuadas del pago de este tributo cuando sean destinadas a consumidores finales.
Por otro lado, en un esquema de autorización por equivalencia, aplicable a aquellos insumos que ya se encuentran registrados y comercializados en naciones cuyas regulaciones son reconocidas mundialmente por sus rigurosos estándares sanitarios y técnicos, se facilitó días atrás el ingreso al país de un gran abanico de productos destinados al uso veterinario, como medicamentos, vacunas y kits de diagnóstico, entre otros.
Para agilizar su entrada al país, la nueva normativa establece la aprobación de la documentación técnica y las certificaciones emitidas por las autoridades sanitarias de la nación de origen, siempre que dicha documentación se adapte a los requerimientos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
En otro paso para agilizar y desburocratizar el control de las importaciones, la Dirección General de Aduanas (DGA) derogó además disposiciones que creaban un sistema de participación de entidades sectoriales y privadas en carácter de observadoras, durante el proceso de verificación física de mercaderías importadas que habían sido asignadas a canal rojo de selectividad en el Sistema Informático Malvina (SIM).
La Aduana explicó que la anulación se fundamenta “en la necesidad de optimizar la gestión pública y favorecer un desaduanamiento más ágil de las mercaderías, sin menoscabar la integridad del control aduanero ni la trazabilidad de las operaciones de importación”.
Según el organismo, el sistema de observación sectorial, implementado originalmente por medio de resoluciones de la ex AFIP como las 701 y 799, generaban dilaciones innecesarias durante el despacho.
Por último, la Aduana manifestó que la concurrencia de los rubros habilitados a participar en calidad de observadores era “baja o nula”, ya que provocaba “demoras y extracostos” en el sistema operativo.
Un comercio más flexible
Estas acciones, además, se complementan con otras que el Gobierno tomó en el último año para desregular al comercio exterior.
De hecho, la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reemplazó a la AFIP, dejó sin efecto las resoluciones 701/99 y 799/2000, que determinaban que los organismos representantes de cada sector debían tener un “veedor” en la Aduana.
A su vez, a fines del 2024, se elevó de US$1000 a US$3000 el límite para compras en el exterior por envíos internacionales, una cifra similar al de los demás países de la región. Además, para compras de uso personal, no se pagarán impuestos hasta los primeros US$400 por envío.
Asimismo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó casi todas las restricciones cambiarias, que les posibilitan a los importadores cancelar los anticipos con dólares propios.
En ese marco, el Impuesto PAÍS se eliminó de manera total en diciembre del 2024. Esta disposición también es fundamental para reducir el costo de adquirir insumos importados y ayudar a la baja de los precios internos.
Por Ezequiel García Corado, gerente General de Outland Logistics
