ANDREA POCHAK, LA COMISIONADA ARGENTINA Y ACTUAL VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH), FUE DENUNCIADA PENALMENTE POR “GRAVES HECHOS DE CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA”. EL PEDIDO DE INVESTIGACIÓN ES POR POSIBLE ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACIÓN DE DEBERES DE FUNCIONARIA PÚBLICA, PREVARICATO, NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES Y ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA EN PERJUICIO DEL ESTADO ARGENTINO.
La denuncia fue radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 10 luego de que se difundiera una audiencia de la CIDH del 12 de marzo, durante una entrevista del politólogo Agustín Laje a Neydy Casillas, de Global Center for Human Rights, una ONG de Washington DC que vela por el correcto funcionamiento de los organismos internacionales.
Durante esa audiencia, el entonces representante del Estado advirtió que la Argentina había permanecido “durante años en una situación de absoluta indefensión” durante la gestión anterior.
Señaló que el área estatal encargada de responder ante la CIDH estaba dirigida, en ese momento, por “una funcionaria que había intervenido previamente en este mismo caso, pero como representante de la peticionaria y miembro de la organización que promovió la denuncia”. Dicha organización es el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales.
El funcionario advirtió además que la persona involucrada ocupa actualmente “un cargo de altísima responsabilidad dentro del propio sistema interamericano de derechos humanos”.
Los cuestionamientos apuntaban directamente a la comisionada Andrea Pochak, quien era Directora Adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) entre 2002 y 2011, cuando la organización fue peticionaria del caso; luego se desempeñó como Subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos entre 2019 y 2023, cuando la CIDH aceptó el caso, y actualmente ocupa la vicepresidencia de la misma CIDH.
El ex representante argentino destacó que no existía constancia alguna de excusación o apartamiento de esa funcionaria pese al evidente conflicto de intereses. Y subrayó que durante ese período hubo una “inacción absoluta e inexplicable” por parte del área competente, que habría omitido enviar treinta kilos de expedientes a la CIDH para la defensa del Estado argentino.
Entre los delitos que la denuncia pide investigar se destacan el prevaricato, por la posible intervención de Pochak desde el Estado en casos vinculados con organizaciones para las que había trabajado antes, y la administración fraudulenta, por el eventual daño económico causado a la Argentina.
Los interrogantes afectan especialmente a la CIDH. Su reglamento exige que los comisionados sean “personas de alta autoridad moral” y ante el evidente conflicto de intereses y posibles causas penales que pueda enfrentar Pochak, la reputación de la Comisión queda seriamente comprometida otra vez. En noviembre pasado, el comisionado Arif Bulkan debió presentar su renuncia, justamente, por conflicto de intereses.
Las críticas también alcanzan al exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti –actual diputado de Fuerza Patria– y a la exfuncionaria Gabriela Kletzel, quienes tuvieron junto a Pochak responsabilidades en la estrategia jurídica del Estado argentino ante organismos internacionales de derechos humanos durante el gobierno de Alberto Fernández.
La investigación reviste especial relevancia debido a que los funcionarios involucrados tuvieron responsabilidades al menos en tres causas emblemáticas ante organismos internacionales: los casos Maldonado, Milagro Sala y Virgen Abortera, en los que también actuaron las mismas ONG que podrían haber sido beneficiadas.
