ANTE UNOS 200 EMPRESARIOS DE TODO EL PAÍS, DIRECTIVOS DE CADAM CUESTIONARON EL DECRETO 612/2026, QUE REGLAMENTA LOS APORTES OBLIGATORIOS QUE, EN PRINCIPIO, EL GOBIERNO HABÍA IMPULSADO PARA QUE FUERAN VOLUNTARIOS. “PEDIMOS COHERENCIA ENTRE LOS OBJETIVOS ANUNCIADOS POR EL GOBIERNO AL IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN LABORAL Y LA REGLAMENTACIÓN POSTERIOR”, SOSTUVIERON LOS EMPRESARIOS, Y ADVIRTIERON QUE, POR CADA $2.128.749,84 QUE SE APORTA POR UN TRABAJADOR, ESTE RECIBE EN MANO APENAS EL 65,67%, ES DECIR, $1.397.943.
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) manifestó su profunda preocupación y rechazo ante el alcance del Decreto 612/2026, dictado por el Poder Ejecutivo, al considerar que implica un retroceso respecto de una medida reclamada por los empresarios e impulsada originalmente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger. Según la entidad, la medida termina desvirtuando uno de los objetivos centrales planteados originalmente por la reforma laboral: evitar que los empleadores sean obligados a financiar estructuras, que aumentan el costo laboral.
Y es que, por cada empleado de comercio, las empresas están obligadas a realizar aportes al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), aunque el empleado no reciba capacitación. Con ese argumento, se recaudan más de $30.000 millones al año, que se distribuyen entre determinadas cámaras empresarias, aun cuando las empresas no quieran asociarse a ellas.
“No queremos que se nos obligue a financiar estructuras que no nos representan. Una cosa es que una empresa decida asociarse voluntariamente y aportar a una cámara o institución que defiende sus intereses, y otra muy diferente es imponerle una contribución mediante una negociación colectiva en la que no participó”, sostuvo la entidad.
CADAM recordó que el proyecto de ley original de la reforma laboral establecía expresamente que los aportes o contribuciones patronales especiales previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo a cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores tendrían carácter estrictamente voluntario. Sin embargo, durante el tratamiento legislativo se produjeron modificaciones sustanciales.
En una versión posterior, la voluntariedad quedó diferida hasta el 1° de enero de 2028, pero, finalmente, el texto sancionado por el Congreso estableció que los aportes, contribuciones y otros conceptos previstos en las convenciones colectivas en beneficio directo o indirecto de cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones de los trabajadores.
De esta manera, se pasó de establecer su carácter “voluntario” a fijar un tope y, posteriormente, mediante el Decreto 612/2026, se estableció que las contribuciones y aportes que los empleadores se comprometan a efectuar en el marco de Convenios Colectivos de Trabajo deberán destinarse exclusivamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural en beneficio de los trabajadores.
“Si el objetivo de la reforma era terminar con cargas laborales y costos que no responden a una decisión libre de las empresas, no puede ocurrir que, después de sancionada la ley, se vuelva a introducir por vía reglamentaria un mecanismo que genere precisamente ese efecto”, advirtieron.
TODO LO QUE HAY DETRÁS DE UN RECIBO DE SUELDO Y UN TICKET DE COMPRA EN UN SUPERMERCADO
Durante el “Observatorio Político y Económico”, que se llevó a cabo en el Sheraton Pilar, se puso especial énfasis en qué sucede con cada peso que aporta una empresa y cuánto de ese costo termina impactando sobre el ingreso disponible de los trabajadores y sobre el precio que paga como consumidor. “La gente tiene que saber qué pasa con sus ingresos”, fue uno de los conceptos planteados durante la jornada.
Desde CADAM explicaron que detrás de un recibo de sueldo existe una estructura de costos que incluye salarios, cargas laborales, aportes y contribuciones, mientras que detrás de un ticket de compra de supermercado existe otra cadena de impuestos, tasas, percepciones, retenciones y costos regulatorios que finalmente termina pagando el consumidor.
En el caso de un trabajador de Comercio, entre los aportes y contribuciones, señalaron:
1 . Contribución Solidaria por COVID-19, que ahora cambió de nombre, pero se sigue destinando a la obra social OSECAC y se continúa cobrando hasta hoy, incluso si el trabajador no está afiliado a esa obra social.
2 . Aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), aunque el empleado no reciba capacitación.
3 . Seguro complementario de retiro obligatorio, que representa el 1,6% del salario del trabajador.
Y si se suma, además los restantes aportes sociales, de $2.128.749,84 que se aporta por un trabajador, recibe en mano apenas el 65,67%, es decir, $1.397.943.
Y mientras las ventas continúan mostrando un escenario complejo, particularmente en categorías como perfumería, productos de limpieza y bebidas, el trabajador -como consumidor- llega a pagar hasta la mitad del precio de un producto en concepto de impuestos. “Por cada paquete de fideos que compra, hasta el 49,1 % de lo que paga son impuestos”, señalaron.
Además, el sector manifestó preocupación por el nivel de endeudamiento de los hogares, que durante los últimos años recurrieron crecientemente a tarjetas de crédito, billeteras virtuales, préstamos y otras herramientas de financiamiento para sostener su consumo.
“NO PODEMOS DESCONOCER DÓNDE ESTÁBAMOS Y DÓNDE ESTAMOS”
Los empresarios mayoristas también remarcaron que el análisis del escenario actual debe contemplar el cambio de rumbo de la economía argentina. La reducción de la inflación respecto de los niveles de años anteriores, la eliminación del cepo cambiario como restricción estructural y el orden de las cuentas públicas constituyen, para el sector, avances relevantes.
“La estabilidad macroeconómica no es una cuestión abstracta para quienes trabajamos todos los días en empresas. Es la condición necesaria para poder invertir, contratar, planificar precios, financiar stock y proyectar nuestros negocios”, destacaron.
Es por eso que desde CADAM manifestaron su voluntad de acompañar el proceso de transformación económica, pero remarcaron que la estabilidad macroeconómica debe traducirse en crecimiento de la economía real.
“Queremos una Argentina donde las empresas puedan crecer sin pedir permiso, donde contratar a un trabajador no sea un riesgo, donde ahorrar no sea castigado por la inflación y donde el éxito empresarial no sea visto como algo que hay que penalizar. También queremos un sistema tributario que premie la inversión y no castigue la actividad”, concluyeron.
“Desde el sector mayorista queremos ser parte de esa transformación. Tenemos dificultades, sí. Pero también tenemos una oportunidad. Queremos que esta vez la estabilidad sea el punto de partida de una Argentina que vuelva a crecer”, remarcó el presidente de CADAM, Juan Castro, quien recientemente fue reelegido al frente de la cámara empresaria.
