UNA INVESTIGACIÓN DE INSIGHT·LAC ADVIERTE QUE LAS ASIMETRÍAS TRIBUTARIAS, LAS BARRERAS REGULATORIAS Y LAS DEFICIENCIAS DE FISCALIZACIÓN FAVORECEN EL CONTRABANDO Y LA INFORMALIDAD. EL INFORME PROPONE INTEGRAR INFORMACIÓN PÚBLICA, FORTALECER LOS CONTROLES SOBRE EL COMERCIO TRANSFRONTERIZO Y FACILITAR LA FORMALIZACIÓN DE LAS PYMES.
El comercio ilícito representa el 5,06% del Producto Bruto Interno (PBI) argentino (ASIPI, 2025). Según el estudio “Contrabando: el rol del Estado y de las plataformas de e-commerce”, elaborado por Insight·LAC, las diferencias tributarias, las barreras regulatorias y las debilidades en los controles generan incentivos para operar fuera de la economía formal, afectando la competitividad de las empresas que cumplen con sus obligaciones.
Las diferencias de precios entre ambos mercados reflejan la magnitud del problema: en electrónica y celulares de alta gama alcanzan entre el 30% y el 40%, mientras que en indumentaria se identificaron productos equivalentes con precios entre 2,5 y 4,5 veces inferiores a los del comercio online formal.
Frente a este escenario, el estudio plantea que combatir la informalidad requiere combinar controles más inteligentes con medidas que faciliten el cumplimiento de las reglas. Entre sus recomendaciones se destacan la integración de información de ARCA, Aduana y organismos técnicos para detectar operaciones de riesgo; y la simplificación de trámites y requisitos que dificultan la formalización de pequeños comerciantes.
“Simplificar el sistema impositivo no significa retirar al Estado de sus responsabilidades. La respuesta pasa por fortalecer la inteligencia aduanera, integrar información pública bajo protocolos adecuados de seguridad y protección de datos, facilitar la formalización de los pequeños vendedores y evaluar las regulaciones que generan costos innecesarios. El contrabando es un problema de control e incentivos, no de intermediación digital”, señaló Ana Basco, directora de Insight·LAC.
El comercio electrónico, una oportunidad para impulsar la formalización
Este diagnóstico se produce en un contexto de caída del consumo minorista, y a diferencia de este, de expansión del comercio electrónico, que durante 2025 registró un crecimiento real del 9% respecto del año anterior, alcanzó los 25 millones de compradores y sumó 1,3 millones de nuevos usuarios. Con 253 millones de transacciones, un 3% más que en 2024, el canal digital continúa creciendo y complementando al comercio físico, sin sustituirlo por completo. En ese período, 15 de cada 100 pesos gastados en el comercio minorista pasaron por el canal digital.
Además de ampliar mercados, la digitalización contribuye a la trazabilidad de las operaciones: en 2025, el 99% de los pagos del comercio electrónico se realizó mediante medios distintos del efectivo, generando información que puede contribuir a una fiscalización más eficiente.
El crecimiento del canal digital también tiene impacto en el empleo y el desarrollo federal. Según el estudio, en 2025, el 44% de las empresas que venden por marketplaces incorporó o reasignó personal, mientras que el canal representa casi el 48% de la facturación de las PyMEs relevadas en distintas regiones del interior del país.
“El desafío es construir una agenda de formalización que permita aprovechar el potencial del comercio electrónico para ampliar oportunidades, fortalecer a las PyMES y generar empleo en todo el país. Para eso, es fundamental utilizar mejor la información que ya existe y diseñar políticas públicas que reduzcan los incentivos a operar fuera de la legalidad”, afirmó Paula Garnero, directora de Insight·LAC.
Más información y mejores controles para combatir la informalidad
Insight·LAC propone avanzar hacia un modelo de fiscalización basado en interoperabilidad de datos, análisis de riesgo y coordinación entre organismos públicos, que permita identificar operaciones irregulares y concentrar los controles donde resulten más efectivos.
El estudio destaca que fortalecer la capacidad de fiscalización del Estado, especialmente en el comercio transfronterizo, y facilitar el cumplimiento regulatorio son medidas complementarias para reducir la competencia desleal, ampliar la base tributaria y generar mejores condiciones para el desarrollo de las PyMEs.
