Refinanciar y volver a caer: casi la mitad de quienes regularizan una deuda reincide en mora antes de un año

UN RELEVAMIENTO DE ECONVIEWS SOBRE 1,75 MILLONES DE CASOS MUESTRA QUE EL 48,5% DE QUIENES LOGRARON NORMALIZAR SU SITUACIÓN VOLVIÓ A REGISTRAR ATRASOS DENTRO DE LOS 12 MESES.

Defende.me pone el foco en un problema que aparece cada vez más entre las consultas que recibe: qué hacer cuando una refinanciación deja de ser posible de sostener.

Refinanciar una deuda suele ser el primer recurso cuando una persona ya no puede sostener los pagos de una tarjeta de crédito. Se acuerda un nuevo plan, baja la presión inmediata y comienza una nueva etapa. El problema aparece cuando, algunos meses después, esa cuota tampoco se puede pagar.

Los últimos datos muestran que volver a caer en mora después de haber regularizado una deuda está lejos de ser excepcional. Un estudio de Econviews analizó cerca de 1,75 millones de casos de deudores de bancos, billeteras virtuales y fintechs que volvieron a una situación normal entre agosto de 2024 y junio de 2026. Entre los casos que pudieron seguirse durante 12 meses, el 48,5% volvió a caer en mora dentro del año. A los seis meses ya había reincidido el 35,4% y, a los tres, el 22,9%.

La situación también aparece de manera recurrente entre las consultas que recibe Defende.me, plataforma de recuperación financiera que busca cambiar el paradigma tradicional de las cobranzas. Personas que comenzaron una refinanciación, pagaron algunas cuotas y, por una caída de ingresos, acumulación de otras obligaciones o porque el acuerdo terminó resultando difícil de sostener, volvieron a incumplir.

Para Juan Manuel Baya Casal, Founder y CEO de Defende.me, ahí aparece uno de los problemas del esquema tradicional de recupero: llegar a un acuerdo no necesariamente significa haber resuelto la situación financiera de una persona.

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“Una refinanciación puede ordenar el problema en el corto plazo, pero hay que mirar qué pasa después. Para nosotros, un buen acuerdo no es el que permite pagar la primera cuota, sino el que da una posibilidad real de llegar a pagar la última. Si a los pocos meses la persona vuelve a caer, el problema sigue estando ahí”, explica.

Una de las dudas que más se repite entre quienes llegan a Defende.me es “Cuando la refinanciación se cae, ¿qué pasa con lo que ya se pagó?”. Según explica la compañía, cuando una refinanciación se interrumpe y la deuda luego pasa a cobranza o cambia quien gestiona el reclamo, pueden aparecer diferencias entre los pagos realizados y el saldo que se informa en la nueva instancia. Por eso, guardar los comprobantes de cada pago es clave.

“Nos encontramos con personas que pagaron durante meses y después, cuando la deuda cambia de manos o vuelve a negociarse, esos pagos no aparecen correctamente reflejados. Si tenemos los comprobantes, podemos acreditar lo que efectivamente se pagó y discutir el saldo sobre el que se va a negociar. Sin esa documentación, reconstruirlo es mucho más difícil”, señala Baya Casal.

Los comprobantes permiten acreditar los pagos anteriores y tenerlos en cuenta al momento de determinar cuál es el saldo pendiente. La recomendación es conservarlos incluso cuando la refinanciación ya no pueda seguir pagándose.

Pero para Defende.me el punto de fondo no está solamente en qué hacer una vez que el acuerdo se cayó, sino en cómo evitar volver a asumir una refinanciación que tampoco podrá sostenerse.

Antes de cerrar un nuevo plan de pagos, la compañía recomienda mirar la situación financiera completa: ingresos disponibles, gastos esenciales, otras deudas y obligaciones vigentes. El objetivo es determinar cuánto puede destinar realmente esa persona al pago de la deuda mes a mes.

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Para Defende.me, no existe un porcentaje del ingreso que pueda aplicarse de manera automática para determinar cuánto debería pagar una persona endeudada. Una cuota que representa el 30% del salario, por ejemplo, puede ser sostenible para alguien con determinados ingresos y gastos, e imposible de afrontar para otra persona.

Un caso recibido recientemente por Defende.me permite dimensionar el problema. Se trata de una persona con ingresos mensuales de $1 millón y una deuda de tarjeta de $17 millones.

A modo de ejercicio, la compañía calculó cómo quedaría esa deuda bajo distintas condiciones de refinanciación, tomando únicamente capital, plazo y tasa. Con una TNA del 50%, una refinanciación a 36 meses implicaría una cuota aproximada de $920.000 mensuales. Extendiendo el plazo a 60 meses, la cuota todavía rondaría los $775.000, con un total pagado cercano a los $46,5 millones.

Incluso con una tasa considerablemente menor, la relación entre deuda e ingresos sigue siendo difícil de sostener. Con una TNA del 20%, la cuota sería de aproximadamente $632.000 a 36 meses, $450.000 a 60 meses y $378.000 a 84 meses. Si el plazo se extendiera hasta los diez años, todavía rondaría los $329.000 mensuales.

Es decir, si esa persona pudiera destinar como máximo alrededor de $300.000 por mes al pago de la tarjeta, bajar la tasa o extender el plazo no sería suficiente para alcanzar una cuota compatible con ese límite. En casos como este, para Defende.me es necesario revisar las condiciones del acuerdo en función de la capacidad real de pago.

“Muchas veces hay voluntad de pago. Lo que no hay es capacidad para sostener la cuota que se acordó. Si frente a una refinanciación caída la respuesta es simplemente ofrecer otra que tampoco contempla esa realidad, lo más probable es que volvamos al mismo lugar”, agrega Baya Casal.

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Los números de reincidencia ponen justamente esa discusión sobre la mesa. Que casi la mitad de quienes consiguieron regularizar una deuda vuelva a caer en mora antes de un año muestra que ponerse al día y recuperarse financieramente no son necesariamente la misma cosa.

Para Defende.me, el desafío está en que los acuerdos dejen de pensarse únicamente en función de cuánto se puede recuperar en el corto plazo y empiecen a contemplar también qué condiciones puede sostener la persona hasta terminar de pagar.

“Regularizar una deuda es importante, pero no puede ser el final del proceso. Si queremos que una persona vuelva realmente al sistema financiero, el acuerdo tiene que poder cumplirse. Si no, solamente estamos postergando el problema”, concluye Baya Casal.