LA CREACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LAS DEFENSORÍAS PÚBLICAS DE VÍCTIMAS CONSTITUYE UN PASO ESTRATÉGICO PARA ORDENAR Y FORTALECER LA ACTUACIÓN EN TODO EL PAÍS.
La DGN, bajo la gestión del Defensor General de la Nación interino, Dr. Julián Horacio Langevin, dispuso la creación de la Coordinación de las Defensorías Públicas de Víctimas.
La medida se inscribe en una línea de gestión orientada a consolidar estructuras especializadas con impacto concreto en el acceso a la justicia y en la calidad de respuesta institucional frente a situaciones de especial vulnerabilidad, en línea con los principios establecidos por la Ley N° 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.
Se subraya que el reconocimiento efectivo de los derechos de las víctimas requiere dispositivos “estables, especializados y coordinados”, capaces de garantizar intervenciones homogéneas, coherentes y respetuosas de sus derechos en todo el país.
La Coordinación tendrá a su cargo la articulación y el fortalecimiento de las Defensorías de Víctimas, asegurando que las intervenciones se desarrollen bajo criterios comunes y respetuosos de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos Nº 27.372.
La creación de esta instancia responde a la necesidad de superar el paradigma que relegaba a las víctimas a un lugar marginal dentro del proceso penal. En cambio, busca consolidar su reconocimiento como sujetos jurídicos autónomos, titulares de derechos exigibles durante todas las etapas del proceso, con acceso a información adecuada, acompañamiento técnico, protección y reparación integral.
La Coordinación estará dirigida por la Dra. María Fernanda Alberdi, Secretaria Letrada de la Defensoría General de la Nación, quien aportará su trayectoria y experiencia para liderar este espacio estratégico.
Con esta decisión, la Defensoría General de la Nación reafirma su compromiso de garantizar una defensa pública especializada, continua y eficaz, fortaleciendo la capacidad institucional para responder a las demandas de las personas en situación de especial vulnerabilidad y consolidando un modelo de justicia más inclusivo y democrático, en consonancia con los estándares de protección y acompañamiento integral reconocidos por la Ley N° 27.372.
