DESDE LA SANCIÓN DE LA LEY DE BASES, EL GOBIERNO NACIONAL HA IMPULSADO REFORMAS LEGALES Y PROCESOS DE PRIVATIZACIÓN Y CONCESIÓN CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DEL CAPITAL PRIVADO EN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ESTRATÉGICOS. PARA LA ARGENTINA, EL DESAFÍO NO CONSISTE ÚNICAMENTE EN ATRAER INVERSIONES, SINO EN GENERAR CONDICIONES PARA QUE PERDUREN EN EL TIEMPO.
En este contexto, la próxima apertura de las ofertas para la adquisición de las acciones estatales de AySA ofrece una oportunidad concreta para analizar qué elementos jurídicos y económicos presentes en esta licitación podrían convertirse en antecedentes para futuras asociaciones entre los sectores público y privado.
Uno de los aspectos relevantes es que el proceso fue precedido por una actualización integral del marco regulatorio. Las nuevas reglas incorporan criterios económicos, tarifarios e institucionales acordes con las necesidades actuales de inversión y buscan compatibilizar sostenibilidad, eficiencia, equidad, continuidad del servicio público y necesidad de inversión.
La futura concesión establece, además, objetivos vinculados tanto con el mantenimiento de las instalaciones existentes como con su ampliación y extensión territorial. El esquema económico y tarifario incorpora mecanismos destinados a acompañar las inversiones requeridas. Las tarifas serán revisadas de manera ordinaria y extraordinaria contemplando un factor de incentivo asociado al cumplimiento de metas de calidad. También procura preservar el mantenimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión y la recuperación de las inversiones durante la vida útil de los activos.
Entre las novedades de mayor impacto para potenciales inversores se encuentra la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional para resolver controversias vinculadas tanto con la adquisición del paquete accionario como con la posterior concesión. La elección de un arbitraje institucional bajo las reglas de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI constituye una señal relevante frente a la tradición de canalizar estos conflictos exclusivamente a través de instancias administrativas y judiciales locales.
La duración de los contratos también resulta central. En el caso de AySA, la futura concesión contempla un plazo de 30 años, prorrogable por otros diez, consistente con un sector que exige obras de gran escala y períodos prolongados para recuperar el capital comprometido.
A ello se suman mecanismos de compensación frente a la terminación anticipada, con distintos alcances según la causal de extinción. En particular, cuando derive de una conducta imputable al concedente o del rescate del servicio por razones de interés público, el concesionario podrá continuar con la operación hasta la cancelación de la indemnización y los costos operativos correspondientes. Este tipo busca reducir la incertidumbre del inversor frente a decisiones estatales futuras que puedan poner en riesgo el mantenimiento de las reglas.
Otro elemento relevante es el carácter internacional de la licitación, ampliando la competencia al admitir la participación de empresas locales y extranjeras. El paquete accionario mayoritario de AySA será transferido a un operador con experiencia técnica comprobada, mientras que la participación minoritaria será ofrecida posteriormente a través de bolsas y mercados de valores. El esquema procura así diversificar la base accionaria y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad del know how técnico necesario para la prestación del servicio durante toda la concesión.
Cualquier análisis sobre el futuro de la participación privada en infraestructuras y servicios públicos debe considerar los antecedentes del país. Durante las últimas décadas, modificaciones regulatorias, congelamientos tarifarios y cambios contractuales afectaron la evolución de distintas concesiones iniciadas en los ‘90s. La falta de implementación de los mecanismos de actualización tarifaria previstos afectó la evolución y la sustentabilidad de los contratos.
El caso del servicio público de agua y saneamiento, tratándose de un sector caracterizado por importantes inversiones hundidas y extensos períodos de recuperación, no fue la excepción. El impacto se vio en la concesión de Aguas Argentinas, posteriormente re estatizada, y en distintas concesiones otorgadas por las provincias.
La experiencia dejó aprendizajes para la etapa actual de inversión privada en infraestructuras y servicios públicos que hoy aparecen reflejados en el nuevo diseño de la futura concesión de AySA: reglas actualizadas, mecanismos alternativos para resolver controversias de manera eficiente e imparcial, protección ante determinadas causales de terminación anticipada, herramientas destinadas a preservar el equilibrio económico-financiero y un régimen tarifario enfocado en la sostenibilidad de las inversiones.
Estos puntos de suma relevancia implican que el caso AySA pueda convertirse en un punto de referencia. Sin embargo, el desafío para reconstruir la confianza de largo plazo entre el Estado y el sector privado será demostrar que las nuevas condiciones diseñadas pueden sostenerse en el tiempo.
La previsibilidad constituye una condición relevante para la toma de decisiones en materia de inversiones a largo plazo. El mantenimiento en el tiempo de normas claras, mecanismos de protección y vías eficaces para resolver conflictos pueden contribuir a reconstruir una relación de confianza entre el Estado y los inversores.
Argentina no solo debe priorizar la atracción de las inversiones privadas, sino construir un marco institucional confiable y estable, para que ese capital encuentre condiciones para quedarse, desarrollarse y contribuir a la expansión y mejora de las infraestructuras y servicios esenciales. Esa es, en definitiva, la asignatura pendiente para consolidar la participación privada en los servicios públicos.
Por Francisco Gutiérrez y Marina Wagmaister, socio y Asociada Sr. del área de Derecho Administrativo y Regulatorio de Bomchil.
