TREINTA AÑOS NO SE VOTAN A OSCURAS, MENOS SI SE TRATA DE UNA REFORMA CONSTITUCIONAL ENCUBIERTA.
Diputados le dio media sanción al cheque en blanco más caro de la historia argentina. El Senado todavía puede detener esta reforma constitucional encubierta y artificial.
A las y los Honorables Senadores de la Nación Argentina:
El mes pasado la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto conocido como “Súper RIGI”: un régimen que regala incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años a inversiones de más de USD 1.000 millones, en industrias que el propio Poder Ejecutivo todavía no sabe nombrar. Lo dijo en su propia voz el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, en la comisión que dictaminó el proyecto: “¿qué industria?… no lo sé”.
Destrucción de las Autonomías Provinciales y del federalismo de concertación.
De concretarse el proyecto las provincias no van a poder establecer regulación alguna, ya que éstas podrían ser consideradas como un “obstáculo” a las mega inversiones. No podrán cobrar nuevas regalías a estas empresas, aunque se apropien ilimitadamente de sus recursos naturales. (124 Constitución Nacional) No podrán desarrollar normativas autónomas complementarias de las leyes de presupuestos mínimos ambientales en el marco de los principios de Progresividad y No Regresión. No podrán acordar en el seno de los comités de cuencas prioridades en el acceso al derecho humano al agua potable u otros usos productivos, como de los propios ecosistemas, que obstaculicen el acceso irrestricto a los privilegiados inversores. (41 CN).
Delegación abusiva de facultades propias por parte del Congreso.
El Congreso está a punto de delegarle al Ejecutivo, por tres décadas, la potestad de decidir quién entra a este régimen, sobre qué actividad, con qué condiciones y con qué controles. Eso no es una ley de incentivos. Es una hipoteca institucional que ningún Poder Legislativo de ningún estado soberano del mundo debería firmar.
El Senado representa a las provincias. Por eso, antes de que esta ley quede sancionada, las organizaciones abajo firmantes le instamos a la Cámara alta que ejerza la función que la Constitución le dio como cámara revisora: rechazar de plano y en todos sus términos el humillante proyecto colonial que le llegó aprobado de la Cámara de Diputados.
El Senado representa a los pueblos e intereses de las Provincias. No puede, sin traicionar tal representación, convalidar una doble delegación inconstitucional de facultades, desarticulando la autonomía provincial y entregando poderes reglamentarios en cabeza del Poder Ejecutivo.
El proyecto de ley no sólo pretende eliminar la coexistencia y facultades concurrentes entre el Estado Nacional y las provincias, sino además obtener una concentración de poder ilimitado que se vuelve radicalmente unitario y autoritario.
LO QUE DIPUTADOS APROBÓ
Energía, primero las mega corporaciones.
El proyecto que llega a la Cámara alta le da a cada proyecto adherido “operación continuada sin interrupciones” (art. 74), incluso por sobre las necesidades de abastecimiento energético de la población.
Entrega de la soberanía Jurídica.
El Super RIGI permite que los inversores extranjeros demanden a la Argentina en tribunales arbitrales extranjeros. Frente a cualquier conflicto fiscal, socioambiental, con los estados provinciales, etc, lo resuelve un tribunal en el exterior, sin intervención de la justicia argentina
Los gobernadores y los pueblos van a tener que exigirle a una multinacional que cumpla la ley argentina, pero si esa empresa no cumple, sus provincias ni siquiera podrán cobrarle sin una sentencia firme, y la empresa podrá llevar el conflicto a un tribunal en otro país. Firmamos por 30 años una renuncia a nuestra propia justicia.
Cualquier inversor queda habilitado a litigar directamente en el CIADI, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje (arts. 110 y 111), calificando sus beneficios como “inversiones protegidas” bajo tratados internacionales. Asimismo, reduce a los gobiernos provinciales que adhieran a cobrar como máximo el 0,5% de Ingresos Brutos, les prohíbe el Impuesto de Sellos y les congela las regalías (art. 113), durante 30 años.
Soberanía en la gestión del ambiente y sus aguas.
El proyecto de Ley no menciona ni una vez las palabras “agua”, “energía” ni “carbono” como condición vinculante de cumplimiento y aplicación de la legislación de presupuestos mínimos ambientales y su sistema convencional, en un país con grandes regiones desérticas y semidesérticas, con estrés hídrico severo y frente al escenario más brutal de incumplimiento del Acuerdo de París, ante la dramática crisis ambiental global. Más aún, las corporaciones las pueden calificar de obstáculos a su “seguridad jurídica”.
Honduras ya pagó este error: el caso “Próspera”, una zona especial de ese país, con garantías parecidas, le costó al Estado hondureño un reclamo arbitral de USD 10.000 millones (que equivale a una tercera parte del PBI del país) por el solo hecho de querer legislar sobre su propio territorio.
Todo el escenario del paquete de iniciativas legislativas contextualizado de modo sinérgico, claramente apunta -en la estructura del nuevo texto puesto aquí en crisis y con media sanción-de aprobarse definitivamente, al objetivo de fomentar y crear nuevos nichos de mercado ya cautivos para las grandes corporaciones de la “inteligencia artificial”, sellando a los territorios provinciales que conforman la nación, en zona de sacrificio, exclusión y total dependencia geopolítica.
LO QUE EXIGIMOS AL SENADO
- El rechazo absoluto de la iniciativa. Ningún criterio de “nueva actividad económica” puede quedar librado a la reglamentación. Si el Gobierno no sabe a qué industria va a beneficiar, el Congreso no puede aprobarlo a ciegas. Menos aún si el Estado ni siquiera reconoció cuál sería el costo fiscal de implementación eventual del régimen1.
- Que invertir en la Argentina implique invertir con la Argentina: Los beneficios de todo tipo de inversión deben condicionarse al cumplimiento de las leyes de financiamiento científico y universitario vigentes, y a porcentajes mínimos vinculantes (ni optativos, ni “sujetos a disponibilidad de mercado”) de integración de proveedores locales, inversión en Investigación y Desarrollo y vinculación con universidades públicas. Brasil exige 60% de integración local para beneficios de solo 5 años. Argentina, con su redacción actual, no exige nada verificable a cambio de 30.
- Que el agua y la energía no se negocien en el marco de una reforma constitucional clandestina, menos aún, en una oscura delegación de facultades de las provincias y el Congreso de la Nación, para la reglamentación: El Senado debe respetar las condiciones ambientales explícitas y vinculantes vigentes sobre gestión y uso de agua y sus cuencas, consumo energético y emisiones de carbono, garantizando el cumplimiento pleno del Acuerdo de Escazú, ratificado por Argentina, además de las convenciones de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático; Diversidad Biológica, Desertificación y de Humedales de Importancia Internacional, como del sistema de Derechos Humanos y particularmente de pueblos originarios.
Irlanda, Países Bajos, Dinamarca y Chile ya tuvieron que frenar centros de datos por el mismo motivo que esta ley ignora por completo.
- Que la Justicia argentina siga siendo argentina: Degradar la Soberanía del poder judicial argentino, a partir de una ley, confronta grave e ilegalmente con las herramientas de la democracia, el federalismo, la participación cívica y social, degradando los derechos y sus principios normados en el Acuerdo de Escazú.
- La protección de las constituciones provinciales y el sistema federal en su integridad. La defensa de las autonomías municipales.
1 Estimaciones independientes (CEPA, Fundar) calculan que el Súper RIGI podría costar 1,27% del PBI. Esto representaría más de USD 8.600 millones anuales en régimen pleno.
No tenemos dudas que todo lo mencionado se vincula ciertamente con el despliegue de intereses de grandes potencias y magnates vinculados al negocio militar y de la Inteligencia Artificial, que ven en Argentina un área de uso de laboratorio jurídico para innovar en una estrategia de aseguramiento de recursos estratégicos como el agua, la energía e incluso insumos para operaciones militares.
El super RIGI sellaría así una alianza cada vez más visible entre poder militar, vigilancia, negocios tecnológicos decididos a erradicar hasta el último control ambiental, participativo, de acceso a la justicia y cualquier obstáculo económico, político o social.
Firman
- Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
- Asociación Argentina de Abogadas/dos AmbientalistasCentro de Estudios para la CiudadCampaña Plurinacional en Defensa del Agua para La VidaColectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE)Fundación Biodiversidad ArgentinaGénerasAsuntos del SurLAIA (Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial)Greenpeace ArgentinaTaller EcologistaCAMPAÑA PLURINACIONAL EN DEFENSA DEL AGUA PARA LA VIDAPACHAS – Movimiento Ecopolitico por el Buen Vivir
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