EL PARTIDO SOCIAL CRISTIANO (PSC) HA PRESENTADO UN PROYECTO DE LEY QUE BUSCA POTENCIAR LAS FACULTADES FISCALIZADORAS Y DISCIPLINARIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR). EL OBJETIVO ES ASEGURAR LA EFECTIVA OBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA, PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, TRAS LA CRECIENTE PREOCUPACIÓN POR GRAVES DEFICIENCIAS Y CASOS DE CORRUPCIÓN.
El proyecto de ley modifica el decreto 2421 de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría. Esto transformaría a la CGR de un ente que solo “propone” sanciones a uno con poder vinculante para determinar directamente las medidas disciplinarias a funcionarios, incluyendo atribuciones que le permitirán garantizar el cumplimiento de estas.
“La actual administración y los años recientes han revelado deficiencias inaceptables en el funcionamiento público” , señaló el PSC. “Casos como el ‘Caso Convenios’, con casi $90 mil millones en traspasos irregulares, las irregularidades en las pensiones de gracia, o el fallido programa ‘Gas a Precio Justo’ con un perjuicio patrimonial de $517 millones, demuestran la urgencia. Es inaceptable que la Contraloría solo pueda ‘proponer’ sanciones sin capacidad real de asegurar su cumplimiento.”
La urgencia de esta reforma se respalda en el reciente informe de la CGR a la Cámara de Diputadas y Diputados, que reveló observaciones por un total de 1.5 billones de pesos ($1.505.707.732.640) en auditorías e investigaciones especiales realizadas entre abril de 2024 y marzo de 2025.
Actualmente, el artículo 133 bis del Decreto N.º 2.421 limita a la Contraloría a “proponer” sanciones, dejando la decisión final a la discreción de las autoridades administrativas. Esta limitación impide una sanción efectiva, ya que las propuestas de la CGR no son vinculantes.
El proyecto de ley del PSC busca reemplazar el artículo 133 bis por una redacción que otorga a la CGR la facultad de determinar y hacer efectivas las sanciones administrativas. Además, sancionará a las autoridades que no apliquen las medidas establecidas por la Contraloría, con multas o suspensión de remuneraciones.
“Ingresamos un proyecto de ley que fortalece el brazo fiscalizador de la Contraloría General de la República,” indicó Francesca Muñoz, diputada por el distrito 20. “Durante años, la determinación y aplicación de las sanciones de los sumarios administrativos han quedado en manos de los mismos servicios públicos sumariados, lo que resta efectividad y utilidad a estos procedimientos. Con nuestra iniciativa, los servicios públicos estarán obligados a aplicar las sanciones que determine la Contraloría. Esperamos que el proyecto avance rápidamente para asegurar el cumplimiento efectivo de los principios de responsabilidad, eficiencia, probidad y transparencia en la administración del Estado.”
Con esta enmienda, el PSC busca otorgar a la CGR la autonomía y el poder real para asegurar que las sanciones por faltas administrativas sean aplicadas de manera directa y sin dilaciones.
“Este proyecto de ley es un paso fundamental para restaurar la confianza ciudadana en nuestras instituciones” , afirmó el PSC. “Es tiempo de que la Contraloría tenga las herramientas necesarias para garantizar la probidad y la transparencia, asegurando que quienes cometen irregularidades rindan cuentas de forma efectiva.”
El proyecto de ley será ahora sometido a debate en el Congreso Nacional, donde se espera una discusión profunda sobre la necesidad imperante de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en el Estado chileno.
