LA SANCIÓN DEFINITIVA DE LA REFORMA DE LA LEY DE GLACIARES (LEY N.º 26.639) MARCA UN PUNTO DE INFLEXIÓN PARA LA INDUSTRIA MINERA Y DE RECURSOS NATURALES EN ARGENTINA. CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO MARCO NORMATIVO, LAS EMPRESAS DEJAN ATRÁS UN PERÍODO DE INDEFINICIONES LEGISLATIVAS PARA ENFRENTAR UN ESCENARIO REGULATORIO DISTINTO, QUE REDEFINE CRITERIOS AMBIENTALES CLAVE Y RECONFIGURA LOS RIESGOS LEGALES, REPUTACIONALES Y DE INTEGRIDAD. EN ESTE CONTEXTO, LOS PROGRAMAS Y SISTEMAS DE COMPLIANCE ANTICORRUPCIÓN Y SOSTENIBILIDAD (ESG) SE VUELVEN HERRAMIENTAS CENTRALES PARA ASEGURAR UNA GESTIÓN RESPONSABLE Y ALINEADA CON LAS NUEVAS EXIGENCIAS.
Impactos de la reforma en temas de Compliance y ESG
Desde el punto de vista del Compliance, la reforma introduce un doble efecto. Por un lado, la actualización de definiciones técnicas y procedimientos puede aportar mayor previsibilidad operativa y reducir zonas históricas de ambigüedad, disminuyendo márgenes de discrecionalidad administrativa y, con ello, ciertos riesgos de corrupción vinculados a autorizaciones y controles ambientales. Este aspecto resulta positivo para fortalecer la gobernanza y la trazabilidad de decisiones críticas.
Por otro lado, el nuevo régimen también puede generar riesgos incrementales, especialmente en su etapa de implementación. La reinterpretación de estándares, la aplicación de regímenes transitorios y la necesidad de adecuar proyectos existentes exigen una interacción intensa con autoridades regulatorias, lo que incrementa la exposición a conflictos de interés, tráfico de influencias y fallas en los controles de integridad si no se cuenta con políticas claras de relacionamiento con el sector público.
Desde la óptica ESG, la reforma tiene un impacto relevante en el pilar “Environmental” y en la “Gobernanza”. Aun con una ley sancionada, los ojos del mercado, de inversores y de la sociedad civil permanecen atentos a cómo las empresas internalizan el espíritu de la norma y no solo su letra. El riesgo de percepción de retroceso ambiental o de uso meramente formal del cumplimiento legal obliga a extremar cuidados para evitar prácticas de greenwashing y asegurar coherencia entre compromisos públicos y decisiones operativas.
Desafíos para las empresas de la industria de recursos naturales
Con la reforma ya vigente, el desafío no radica en anticipar cambios legislativos, sino en adaptar los sistemas internos a un nuevo estándar regulatorio. Esto implica revisar matrices de riesgos, políticas anticorrupción, procesos de debida diligencia ambiental y mecanismos de control de terceros. Asimismo, se vuelve crítico fortalecer la calidad e independencia de los estudios de impacto ambiental y profundizar el diálogo con comunidades y otros Stakeholders, elementos claves para sostener la licencia social para operar.
Las áreas de Compliance y Sostenibilidad deben actuar de manera coordinada, asegurando que la adecuación normativa no sea solo reactiva, sino parte de una estrategia de largo plazo orientada a la creación de valor sostenible.
La sanción de la reforma de la Ley de Glaciares no cierra el debate, sino que abre una nueva etapa de exigencia para la industria minera y de recursos naturales. En este nuevo escenario, el verdadero diferencial estará dado por la solidez de los programas o sistemas de Compliance Anticorrupción y la autenticidad de los compromisos ESG.
Las empresas que integren la nueva normativa con altos estándares de ética, transparencia y sostenibilidad estarán mejor preparadas para mitigar riesgos, preservar su reputación y alinearse con las expectativas de un contexto global cada vez más exigente. En definitiva, la reforma consolida al Compliance ESG como un componente estratégico indispensable para operar en la Argentina post reforma.
Por Joaquín Tribolo, Gerente de ESG & Compliance de BDO en Argentina
