Por un financiamiento equilibrado y sostenible del sistema de salud

ANTE EL RECIENTE PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE CONFIRMÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES DEL DNU 70/2023 VINCULADAS CON LA DESREGULACIÓN DE LAS CUOTAS DE MEDICINA PREPAGA, LA CÁMARA DE MEDICINA OFTALMOLÓGICA (CAMEOF) EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR LAS CONSECUENCIAS QUE EL NUEVO ESCENARIO REGULATORIO PODRÍA TENER SOBRE EL FINANCIAMIENTO Y LA CONTINUIDAD DE LAS PRESTACIONES MÉDICAS.

La decisión restablece facultades estatales de revisión y fiscalización de las cuotas, pero deja planteada una cuestión impostergable: la razonabilidad económica del financiamiento sanitario no puede evaluarse exclusivamente desde la perspectiva de las entidades financiadoras. Debe contemplar la estructura real de costos de las prestaciones, su evolución y la proporción de los recursos que efectivamente llega a las instituciones y profesionales responsables de la atención.

Durante la vigencia del régimen de libre determinación de cuotas, las empresas de medicina prepaga aplicaron sucesivos incrementos a sus afiliados que, en numerosos casos, no se reflejaron proporcionalmente en los aranceles de los prestadores ni en los honorarios profesionales. Se profundizó así una distorsión estructural: quienes sostienen la infraestructura asistencial, incorporan tecnología, generan empleo y asumen riesgos operativos reciben recursos insuficientes para preservar la continuidad y calidad de los servicios.

COSTOS SANITARIOS Y RAZONABILIDAD ECONÓMICA
CAMEOF reclama que el costo de las prestaciones se determine con criterios técnicos, objetivos y verificables, considerando personal médico y no médico, insumos, medicamentos, descartables, equipamiento, amortización tecnológica, infraestructura, mantenimiento, capacitación y exigencias regulatorias, según la naturaleza y complejidad de cada práctica.

Las prepagas cumplen funciones de financiamiento, administración y gestión del riesgo. Sin embargo, sus costos administrativos y comerciales no pueden ser el único parámetro para evaluar las cuotas mientras se posterga el reconocimiento de los costos asistenciales. No resulta razonable preservar el equilibrio económico de un eslabón de la cadena sanitaria a expensas de la viabilidad de quienes brindan las prestaciones.

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TRANSPARENCIA Y TRAZABILIDAD DE LOS RECURSOS
La autoridad sanitaria debe contar con información verificable sobre cómo se distribuyen los ingresos provenientes de las cuotas: cuánto se destina a prestaciones médicas y honorarios profesionales, cuánto a administración, comercialización y otros conceptos, y qué porcentaje de cada aumento se traslada efectivamente a los aranceles.

La transparencia exige conocer no solamente cuánto pagan los afiliados, sino también cuánto de esos recursos llega a quienes efectivamente los atienden. La trazabilidad permitiría detectar desequilibrios y evaluar con mayor rigor la razonabilidad económica de los aumentos.

RECLAMOS A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
CAMEOF solicita al Ministerio de Salud de la Nación y a la Superintendencia de Servicios de Salud que impulsen, dentro de sus respectivas competencias y mediante los instrumentos regulatorios que correspondan, las siguientes medidas:
1 . Establecer mecanismos de actualización de aranceles y honorarios médicos que tengan como referencia mínima el IPC, con reconocimiento de incrementos superiores cuando la estructura específica de costos de cada prestación lo justifique.

2 . Implementar indicadores de trazabilidad que permitan verificar la distribución de los ingresos de las cuotas y la proporción de sus aumentos efectivamente trasladada a prestadores y profesionales.

3 . Realizar estudios periódicos de costos por práctica y complejidad, con participación de entidades representativas de prestadores y profesionales.

4 . Prevenir e investigar, mediante las autoridades competentes, eventuales conductas coordinadas o anticompetitivas y evitar que la regulación de cuotas sea utilizada como pretexto para congelamientos o restricciones arancelarias injustificadas.

5 . Promover una revisión integral del Programa Médico Obligatorio (PMO), fundada en evidencia científica, resultados sanitarios, evaluación de tecnologías y sostenibilidad económica.

UN PMO ACTUALIZADO Y SOSTENIBLE
La actualización del PMO debe definir con claridad el alcance de las prestaciones obligatorias y sus condiciones de cobertura, distinguir las prestaciones esenciales de las alternativas que excedan la cobertura básica y establecer mecanismos de financiamiento transparentes y legalmente adecuados, sin comprometer el acceso a tratamientos médicamente necesarios. La sostenibilidad requiere compromisos de cobertura respaldados por recursos suficientes y orientados a resultados sanitarios ciertos.

UNA RESPONSABILIDAD IMPOSTERGABLE
El fallo de la Corte se refiere al control de las cuotas y no establece por sí mismo una obligación judicial de actualizar los aranceles prestacionales conforme al IPC. Precisamente por ello, CAMEOF reclama una respuesta regulatoria integral: controlar lo que pagan los afiliados sin asegurar el financiamiento adecuado de las prestaciones deja sin resolver una parte esencial del problema.

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CAMEOF solicita la apertura urgente de una mesa institucional con representación de los prestadores para acordar mecanismos de actualización arancelaria, transparencia, trazabilidad y revisión del PMO. El nuevo escenario no debe utilizarse para trasladar más desequilibrios económicos a las instituciones y profesionales de la salud.

El derecho a la salud no se garantiza únicamente mediante una cobertura contractual: requiere profesionales, instituciones, tecnología y recursos capaces de convertirla en atención real, oportuna y de calidad.

Sin prestadores sostenibles, no hay sistema de salud posible.

Magíster Juan M. Ibarguren
Secretario General — Cámara de Medicina Oftalmológica (CAMEOF)