Desde el 1 de enero, las grandes empresas de todo el país están obligadas a detallar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros gravámenes nacionales indirectos en sus facturas, conforme a la Ley 27.743 de Transparencia Fiscal al Consumidor. Este requerimiento marca un hito en la manera en que los consumidores acceden a la información sobre los tributos que inciden en el precio final de los productos y servicios. Para los comercios más pequeños, la obligación regirá a partir del 1 de abril de 2025.El cambio, que aparece en una línea específica en las facturas electrónicas bajo la leyenda “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)”, busca fortalecer la confianza pública a través de una mayor claridad en los costos de cada transacción. Si bien se espera que esta medida genere un impacto inmediato en la operación de las compañías, la adopción requiere un corto plazo de adaptación que conlleva ajustes en los sistemas de facturación y la formación del personal.
En este contexto, Facturante, sistema líder en facturación electrónica tanto para tiendas online como para comercios físicos, ofrece la adaptación a sus clientes para el cumplimiento de la norma sin costos adicionales. Entre sus grandes clientes se encuentran Puma, Quilmes, YPF, Distrinando y Vision+, todas ellas compañías que ya implementaron esta actualización de manera satisfactoria.
Lorena Comino, CEO de Facturante, explicó: “Para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, la obligatoriedad a partir de abril de 2025 plantea un desafío técnico y financiero, aunque puede verse como una oportunidad para profesionalizar aún más sus procesos internos.”
Además, destacó que la nueva exigencia fomenta la transformación digital en las empresas y conlleva un beneficio a largo plazo: “Aunque hay un costo inicial significativo, la estandarización puede simplificar las operaciones y fomentar la transparencia. Desde Facturante, ofrecemos una solución que libera a nuestros clientes del estrés de las adaptaciones técnicas, permitiéndoles concentrarse en el crecimiento de su negocio.”
Finalmente, se espera que esta ley no solo fortalezca la transparencia fiscal, sino que también incentive la formalización de la economía y abra el debate público sobre la carga de impuestos en el país. A largo plazo, la iniciativa podría consolidar prácticas más claras en la relación entre comercios, consumidores y el Estado, contribuyendo así a un sistema tributario más eficiente y equitativo.
