POCAS ACTIVIDADES HAN SIDO TAN INCOMPRENDIDAS COMO EL LOBBY. PARA ALGUNOS REPRESENTA UNA HERRAMIENTA LEGÍTIMA DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA; PARA OTROS, UNA PUERTA DE ENTRADA A LA CORRUPCIÓN Y A LOS PRIVILEGIOS CORPORATIVOS. SIN EMBARGO, DETRÁS DE ESTA DISCUSIÓN EXISTE UNA REALIDAD INNEGABLE: LA INFLUENCIA SOBRE LAS DECISIONES PÚBLICAS EXISTE Y SEGUIRÁ EXISTIENDO, CON O SIN REGULACIÓN.
La verdadera pregunta, no es si los ciudadanos, empresas, sindicatos, universidades, organizaciones sociales o movimientos ambientales deben intentar influir sobre quienes toman decisiones. Esa influencia es inherente a cualquier democracia moderna. Pensemos entonces: ¿Dicha influencia debería acontecer en la oscuridad o bajo la luz de la transparencia?
El lobby es necesario para la democracia. Por ello, el problema nunca ha sido la existencia del lobby. El problema aparece cuando nadie sabe quién habló con quién, qué intereses estaban en juego o qué influencia pudo haber existido detrás de una decisión pública.
Por eso, una ley de lobby bien diseñada constituye un avance institucional significativo. Permite que la representación de intereses abandone los pasillos informales para ingresar al terreno de las reglas, la trazabilidad y el control ciudadano.
Hay muchas aristas a considerar para determinar el éxito o el fracaso de cualquier regulación de lobby. Me referiré a una de ellas porque en los tiempos que corren genera un interés especial: la tecnología.
La experiencia internacional demuestra que una ley de lobby sin una plataforma tecnológica robusta es, en el mejor de los casos, una aspiración noble; y en el peor, una ficción burocrática incapaz de cumplir sus objetivos.
Durante años, numerosos países han impulsado leyes de lobby basadas en registros, declaraciones juradas, agendas públicas y reportes periódicos.
La intención es correcta. El problema es que muchas de estas iniciativas fueron concebidas para un mundo analógico.
La realidad demuestra algo diferente. Un sistema basado exclusivamente en formularios, planillas, correos electrónicos y declaraciones manuales genera enormes volúmenes de información imposibles de controlar eficazmente. Con el tiempo aparecen retrasos, omisiones, inconsistencias y registros incompletos. La transparencia existe formalmente, pero deja de existir en la práctica. Una regulación que no puede verificarse termina convirtiéndose en una declaración simbólica sin capacidad real para modificar comportamientos.
Sin tecnología, la ley fracasa
La razón es simple: el volumen de información supera ampliamente la capacidad humana de control.
Sin automatización no existen verificaciones masivas. Sin cruces automáticos no pueden detectarse omisiones. Sin trazabilidad digital no puede garantizarse la integridad de los registros. Sin datos abiertos no existe control ciudadano efectivo. Y sin monitoreo permanente las sanciones terminan dependiendo exclusivamente de denuncias ocasionales o investigaciones periodísticas.
En otras palabras: sin tecnología, la ley puede existir, pero el sistema no funciona.
Un sistema digital integral debería permitir que cada lobista registre reuniones, clientes y actividades mediante identidad digital verificable. Los funcionarios deberían confirmar dichas reuniones a través de una agenda pública integrada. Este mecanismo de doble declaración eleva enormemente el costo de la omisión.
La tecnología transforma así un sistema basado en la confianza en un sistema sustentado en la verificación.
La verdadera transparencia exige datos abiertos, reutilizables y analizables. Periodistas, investigadores, universidades y organizaciones de la sociedad civil deben poder identificar tendencias, comparar períodos, construir indicadores y detectar patrones.
La tecnología permite transformar miles de registros dispersos en información inteligible para la ciudadanía.
Existe una razón adicional por la cual la tecnología resulta indispensable: toda regulación debe asumir que los riesgos no provienen únicamente de quienes son regulados. También pueden originarse dentro del propio sistema de control.
Por ello, los registros deben ser inmutables. Cada alta, modificación, corrección o eliminación debe quedar registrada con sellado de tiempo permanente.
La trazabilidad digital transforma la confianza en evidencia. Y cuando se trata de influencia política, la evidencia vale infinitamente más que las declaraciones de buena voluntad.
Durante décadas, el debate sobre el lobby giró alrededor de cuestiones jurídicas, éticas y políticas. Todas ellas siguen siendo importantes.
Pero el siglo XXI agrega una dimensión nueva. La calidad de una ley de lobby ya no dependerá únicamente de la precisión de sus definiciones o de la severidad de sus sanciones. Dependerá de su capacidad para generar información verificable, trazable y accesible en tiempo real.
Es así como, la diferencia entre una regulación efectiva y una regulación simbólica será tecnológica. Y esa diferencia cambiará absolutamente todo.
Por Carlos Rozen, Socio de Consultoría, BDO en Argentina
