LA INVESTIGACIÓN DE RALS RECUPERA LAS VOCES Y EXPERIENCIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON ALTAS NECESIDADES DE APOYO E IDENTIFICA LAS BARRERAS QUE ENFRENTAN PARA EJERCER SU AUTONOMÍA Y CONSTRUIR UN PROYECTO DE VIDA PROPIO.
El estudio advierte sobre la falta de respuestas institucionales en la adultez, el peso de los cuidados sobre las familias y la necesidad de políticas públicas con enfoque de derechos, construidas con la participación de los propios protagonistas.
La Red de Asistencia Legal y Social (RALS) presentó los resultados de la investigación “Entre la autonomía y la supervivencia: desafíos en la construcción de la vida adulta de personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo en Argentina”, un estudio que recupera las experiencias y los testimonios de las propias personas con discapacidad para conocer cómo transitan la adultez, qué decisiones pueden tomar sobre sus vidas y cuáles son los obstáculos que encuentran para desarrollar sus proyectos personales.
Conducido por las investigadoras Carolina Ferrante y Karina Brovelli, el estudio pone el foco en la adultez de las personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo, una etapa de la vida que permanece relegada tanto en los debates públicos como en las políticas de cuidado y discapacidad. Mientras que durante la infancia y la adolescencia existen políticas orientadas a garantizar la inclusión, necesidades y apoyos, en la adultez las respuestas institucionales pierden continuidad y la gestión de los cuidados y apoyos se transforma en un asunto mayoritariamente privado y familiar.
Sobre esta realidad, Elizabeth Aimar, presidenta de RALS, afirmó: “La intersección de adultez y discapacidad está ausente de los debates públicos actuales. Mientras las personas con discapacidad no cuenten con los apoyos y cuidados necesarios para decidir sobre su propia vida, se les seguirá negando su plena participación en la sociedad”.
La investigación advierte que la intersección entre adultez y discapacidad ocupa un lugar marginal en los estudios sobre cuidados. Las investigaciones suelen concentrarse en la infancia y la adolescencia y, en menor medida, en las personas mayores, mientras que las experiencias de las personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo durante la vida adulta permanecen escasamente documentadas.
Esta invisibilización también se refleja en las herramientas utilizadas para dimensionar las necesidades de cuidado: las encuestas suelen prestar mayor atención al cuidado infantil que a los apoyos que requieren las personas adultas con discapacidad. La falta de información dificulta reconocer la magnitud de estas demandas y diseñar respuestas adecuadas.
A ese vacío se suma la escasa presencia de las voces de las propias personas con discapacidad en los estudios y debates sobre las políticas que las involucran. En ese sentido, uno de los aportes centrales de la investigación de RALS es recuperar sus experiencias, opiniones y demandas, y situarlas en el centro del análisis sobre la construcción de la vida adulta.
Adultez, infantilización y autonomía: la necesidad de un cambio de paradigma
La transición a la adultez de las personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo se desarrolla en un contexto en el que persisten prácticas capacitistas que ponen en duda su capacidad para decidir sobre su propia vida. La infantilización —el prejuicio que las ubica en una condición de dependencia permanente, aun cuando son adultas— se expresa cuando otras personas hablan en su nombre, definen sus preferencias o dejan de consultarlas sobre cuestiones que las afectan. Estas prácticas atraviesan los ámbitos familiares e institucionales, los servicios de salud y los espacios públicos.
El informe de RALS aborda estas barreras desde el Modelo Social de la Discapacidad, enfoque reconocido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Esta perspectiva entiende que la discapacidad no se explica exclusivamente por las características individuales o el diagnóstico, sino por la interacción entre las personas y las barreras físicas, comunicacionales, institucionales y actitudinales de su entorno. Desde este marco, garantizar derechos exige transformar esas condiciones y reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y ciudadanas, con capacidad para intervenir en las decisiones que conciernen a sus vidas.
Argentina aprobó la Convención mediante la Ley 26.378 y le otorgó jerarquía constitucional a través de la Ley 27.044. Su perspectiva supone superar un modelo centrado exclusivamente en el diagnóstico, la rehabilitación o la asistencia, para garantizar el ejercicio efectivo de derechos y la inclusión en la comunidad.
En este marco, la autonomía de las personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo no se define por la posibilidad de realizar actividades sin asistencia, sino por la capacidad de tomar decisiones sobre la propia vida y contar con los apoyos necesarios para llevarlas adelante. Del mismo modo, la vida independiente no supone prescindir de otras personas, sino ejercer el control sobre la propia existencia y decidir cómo, cuándo y por quiénes se reciben esos apoyos.
Los testimonios recogidos durante la investigación expresan la importancia de ese reconocimiento. Ana manifestó su deseo de contar con mayor libertad: “que mi mamá me deje ser un poco más libre, que deje que yo elija lo que quiero hacer”. Alejandro, por su parte, sintetizó su concepción de la autonomía: “el que decide siempre soy yo”. Y, al referirse al rol de quien lo asiste, precisó: “el asistente es solo para asistir, no para decidir”.
Dificultades en la gestión de apoyos
El ejercicio de la autonomía de las personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo requiere recursos concretos y sostenidos. La asistencia en las actividades cotidianas, la comunicación, la movilidad y la participación social constituye una condición indispensable para que puedan desarrollar una vida adulta. Sin embargo, la investigación identifica obstáculos para acceder a estos recursos, sostenerlos en el tiempo y adecuarlos a las necesidades y preferencias de cada persona.
Uno de los principales problemas es la falta de una regulación integral de la figura del asistente personal en Argentina. Desde el enfoque de vida independiente, esta asistencia constituye un apoyo dirigido por la propia persona, que define qué necesita, cuándo, dónde y de qué manera recibirlo. Su función es facilitar las actividades, la comunicación, la movilidad y la participación en la comunidad, sin sustituir la voluntad ni las decisiones de quien recibe la asistencia.
Esta figura debe distinguirse de la asistencia domiciliaria contemplada en la Ley 24.901, que establece el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad. Esa prestación, sujeta a determinadas condiciones y a indicación interdisciplinaria, no alcanza a cubrir la diversidad de apoyos que pueden requerirse para desarrollar la vida cotidiana dentro y fuera del hogar, ni equivale a un sistema integral de asistencia personal.
La falta de reconocimiento y regulación del rol del asistente personal también dificulta su formación y profesionalización. En la práctica, las personas y sus familias pueden quedar sujetas a una oferta precaria, a la contratación particular de asistentes o a gestiones y reclamos ante obras sociales y empresas de medicina prepaga para obtener cobertura. Las demoras en los pagos, la rotación del personal y la falta de trabajadores con formación y perspectiva de derechos comprometen la continuidad de los apoyos.
Cuando el Estado y los sistemas de cobertura no garantizan respuestas adecuadas y sostenidas, la responsabilidad se traslada a las familias. La posibilidad de acceder a los apoyos queda así condicionada por los recursos económicos, las redes disponibles, el lugar de residencia y la capacidad de sostener reclamos administrativos o judiciales, en lugar de estar garantizada como un derecho.
Trabajo, pensiones y precariedad
El acceso al empleo y a la protección social constituye una dimensión central de la vida adulta. Sin embargo, las personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo enfrentan barreras que restringen sus posibilidades de acceder a un trabajo digno y remunerado. La investigación señala que la presunción de incapacidad e improductividad continúa operando como una barrera actitudinal y que la exclusión laboral limita sus oportunidades de autonomía económica.
A estas dificultades se suma la incompatibilidad normativa entre el trabajo registrado y la percepción de determinadas pensiones. Esta situación puede generar un dilema: acceder a un empleo formal puede implicar el riesgo de perder una pensión que contribuye a sostener tratamientos, insumos y apoyos necesarios para la vida cotidiana. Esta preocupación también se proyecta hacia el futuro: tras la muerte de sus padres, algunas personas podrían perder tanto el sostén económico como los apoyos que hoy reciben de sus familias para mantener tratamientos y vida cotidiana.
En ese contexto, algunas personas de esta población optan por actividades informales o por formas precarias de trabajo por cuenta propia, mientras que otras dependen de terceros para administrar sus ingresos. Incluso cuando cuentan con recursos propios, su capacidad de decidir cómo utilizarlos puede verse limitada si deben destinarlos a tratamientos, insumos o apoyos que su cobertura de salud no garantiza. El informe plantea, por eso, la necesidad de revisar las incompatibilidades normativas y fortalecer la protección social sin que el acceso a una pensión implique la exclusión del empleo formal.
Problemas de accesibilidad y exclusión social
Las barreras en el transporte, la vivienda, el espacio público y los ámbitos culturales y recreativos condicionan la vida cotidiana de las personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo y limitan su participación en la comunidad. Actividades habituales, como trasladarse, encontrarse con otras personas o asistir a un espectáculo, pueden exigir una planificación adicional y depender de que existan condiciones de accesibilidad. La falta de transporte adecuado, baños accesibles y espacios preparados para distintas necesidades restringe sus oportunidades de participación.
Estas barreras también atraviesan la vida social y afectiva. La posibilidad de conocer a alguien, iniciar una relación o compartir una salida puede quedar supeditada a una serie de condiciones que otras personas no necesitan anticipar. Pablo (34 años, discapacidad motora, Noroeste Argentino) describió las dificultades que enfrenta para invitar a alguien a salir y el modo en que la falta de accesibilidad condiciona sus posibilidades de construir un vínculo: “Si quiero hacer algo con una mina no puedo hacer nada, porque no puedo invitarla porque un bar me deja afuera mí. Tenés que ver que el baño sea accesible, porque no voy a tomar cerveza sin poder ir al baño. Tenés que ver que la música no esté muy fuerte, porque sino me canso al hablar. Entonces, lo que se puede dar con esa persona en esta lógica de mercado, no me recompensa a mí todo lo que tengo que hacer porque lo más probable es que una mujer, me quiera de amigo, pero que no guste de mí”.
Por su parte, Ana (53 años, discapacidad motora e intelectual, Noroeste Argentino) expresó su deseo de “tener una pareja y vivir sola”, una aspiración que también encuentra obstáculos en entornos familiares sobreprotectores que limitan su movilidad y la posibilidad de gestionar sus propios recursos.
La investigación señala, además, que la sexualidad y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos suelen quedar relegados frente a respuestas concentradas en la asistencia y la salud. Los prejuicios que ponen en duda el deseo, la intimidad y la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo también alcanzan la posibilidad de formar una familia y ejercer la parentalidad. El informe advierte sobre la presunción de incapacidad para tener hijos y criarlos, así como sobre la falta de educación sexual integral y de apoyos para el ejercicio de estos derechos.
En ese sentido, Florencia (54 años, discapacidad motora, Mesopotamia Argentina) relató que durante sus embarazos los médicos decidieron unilateralmente practicarle cesáreas “argumentando mi discapacidad, sin siquiera consultarme”. Su experiencia expone cómo la falta de reconocimiento de la autonomía puede afectar decisiones fundamentales sobre el propio cuerpo y la vida reproductiva. El estudio plantea la necesidad de garantizar información y educación sexual integral, una atención sanitaria que se dirija a las personas con discapacidad y respete sus decisiones, y condiciones para que puedan ejercer plenamente sus derechos afectivos, sexuales y reproductivos.
El cuidado: una responsabilidad que recae en los hogares
Ante la insuficiencia de respuestas institucionales, las familias se convierten en la principal estructura de sostén y asumen tareas de asistencia, acompañamiento, organización y gestión. La responsabilidad no se limita al cuidado directo: comprende coordinar servicios y tratamientos, conseguir prestaciones, realizar trámites, reclamar coberturas y resolver situaciones que requieren respuestas inmediatas.
Esta dedicación permanente incide en el descanso, la salud y las posibilidades de sostener una vida propia. Las familias deben compatibilizar las tareas de cuidado con el trabajo remunerado y otras responsabilidades, muchas veces sin relevos suficientes ni apoyos institucionales estables. Una de las familiares entrevistadas, Eugenia, sintetizó esa exigencia al describir que debe convertirse en “una especie de pulpo” para responder a las distintas demandas de la vida cotidiana, el trabajo y el sostenimiento económico.
El informe también recupera el desgaste físico y emocional que implica sostener los cuidados durante años. Las demandas pueden afectar el sueño, la salud y los momentos de descanso, además de generar sentimientos de culpa cuando quienes cuidan intentan establecer límites. Iris, otra de las familiares entrevistadas, relató ese proceso: “Y yo aprendí a decir que no, esto no puedo, esto no puedo porque me va a llevar puesta. Porque yo era todo sí, yo me encargo, lavo, plancho. No, entonces ahí aprendimos … que de otro modo a todo le decimos que sí, viste, esta cultura culpógena”.
La sobrecarga presenta, además, una marcada dimensión de género. Aunque el cuidado involucra a distintos integrantes de las familias, son principalmente las mujeres —madres, hermanas y otras familiares— quienes asumen la responsabilidad cotidiana y la carga mental de organizar y garantizar los apoyos. Esto repercute en sus trayectorias laborales, ingresos, formación, vínculos y salud. Algunas reducen o abandonan sus trabajos, postergan estudios y tratamientos médicos y resignan espacios de descanso y proyectos personales. El informe vincula esta distribución desigual con los mandatos de género y la falta de políticas públicas que reconozcan y distribuyan socialmente las tareas de cuidado. En el caso de Iris, el agravamiento de la condición de su hijo llevó a la pareja a dejar la participación política para dedicar más tiempo a los cuidados, y ella debió postergar la elaboración de su tesis doctoral.
La situación se vuelve más compleja con el paso del tiempo: al trabajo cotidiano se suman el envejecimiento de quienes cuidan, sus propios problemas de salud y la incertidumbre sobre la continuidad de los apoyos en el futuro. La investigación advierte que esta sobrecarga no debe interpretarse como un sacrificio elegido por las familias, sino como consecuencia de la ausencia de un sistema suficiente de cuidados y apoyos. Cuando las respuestas públicas no están garantizadas, los hogares absorben tanto la asistencia como la gestión y los costos económicos, con efectos sobre el bienestar y los proyectos de todos sus integrantes.
De una autonomía de supervivencia a una autonomía de derecho
A partir de este diagnóstico, RALS plantea la necesidad de pasar de una autonomía de supervivencia a una autonomía de derecho. Esto supone dejar de considerar los apoyos como una respuesta excepcional o una responsabilidad exclusivamente familiar y reconocerlos como condiciones necesarias para que las personas adultas con discapacidad con altas necesidades de apoyo puedan decidir sobre sus vidas, desarrollar sus proyectos y participar plenamente en la sociedad.
Para avanzar en esa dirección, la investigación propone regular y profesionalizar la figura del asistente personal, con financiamiento que permita a las propias personas gestionar sus apoyos y con formación basada en el Modelo Social de la Discapacidad. También plantea transformar los sistemas de salud y seguridad social, superar el modelo médico-asistencialista y construir un sistema integral de cuidados y apoyos, basado en los lineamientos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto requiere mejorar el acceso a prestaciones y derechos, reducir las trabas burocráticas, garantizar pagos adecuados y a término, ampliar la disponibilidad de especialistas en las provincias y revisar las incompatibilidades normativas que pueden limitar el acceso al trabajo formal y a las pensiones.
En relación con la vida independiente, el informe propone desarrollar alternativas habitacionales comunitarias y asegurar circuitos de accesibilidad que favorezcan la participación plena, la sociabilidad y la inclusión en los entornos cotidianos, evitando la reclusión doméstica y el riesgo de institucionalización forzada. También destaca la importancia de fortalecer los apoyos territoriales y las redes comunitarias, así como de impulsar programas de transición a la vida adulta.
La investigación plantea, además, promover la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y una mayor igualdad de género al interior de las familias, con participación del Estado y redes de apoyo extendidas que contribuyan a sostener los cuidados a largo plazo y a reducir su impacto en las trayectorias de vida de las mujeres y sus familias.
A esto se suma la necesidad de desarrollar campañas de concientización dirigidas a la ciudadanía para desnaturalizar el capacitismo y transformar las miradas paternalistas e infantilizantes sobre las personas con discapacidad. Esta recomendación se vincula con el artículo 8 de la Convención, que establece la obligación de promover la toma de conciencia sobre los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.
El informe destaca que las políticas públicas deben responder a las necesidades concretas y diversas de las personas con discapacidad y sus familias, y contemplar sus experiencias y condiciones de vida. Para ello, es indispensable que las propias personas con discapacidad sean consultadas y participen activamente en su formulación, implementación y evaluación. Esta orientación se corresponde con el artículo 4.3 de la Convención, que establece la obligación de consultar estrechamente a las personas con discapacidad y colaborar activamente con ellas, a través de las organizaciones que las representan, en la elaboración y aplicación de las leyes y políticas que las involucran. No se trata solamente de diseñar respuestas destinadas a las personas con discapacidad, sino de construirlas con quienes conocen de primera mano las barreras que enfrentan y los apoyos que necesitan.
Sobre este punto, las autoras, Carolina Ferrante y Karina Brovelli, subrayaron: “Escuchar a las personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo fue central para esta investigación. Sus experiencias muestran que la autonomía no significa hacer todo sin ayuda, sino poder decidir sobre la propia vida y contar con los apoyos necesarios para llevar adelante esas decisiones. Cuando esos apoyos no están garantizados, el ejercicio de los derechos termina dependiendo de los recursos de cada familia y de las respuestas disponibles en cada lugar”.
A través de años de acompañamiento legal, social y psicológico a personas con discapacidad y sus familias, RALS identificó problemáticas recurrentes en las consultas y decidió convertir esa experiencia en conocimiento. Con esta investigación, la organización busca aportar evidencia sobre los desafíos que atraviesan las personas adultas con discapacidad con altas necesidades de apoyo y contribuir al debate y al diseño de políticas públicas que garanticen sus derechos.
Sobre la investigación
El estudio adoptó una estrategia cualitativa exploratoria y realizó 15 entrevistas en profundidad: siete a personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo, cuatro a familiares y cuatro a informantes clave, entre ellos profesionales, responsables de instituciones de discapacidad y activistas. La investigación reunió experiencias de diez jurisdicciones: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Área Metropolitana de Buenos Aires, Salta, Tucumán, Chubut, Santa Fe, Neuquén, Corrientes, San Juan y Mendoza. La selección de participantes respondió a un muestreo intencional y teórico, orientado a profundizar en la diversidad de experiencias y alcanzar la saturación de categorías; por lo tanto, no busca representatividad estadística.
Los instrumentos de recolección fueron diseñados participativamente con RALS y supervisados por personas con discapacidad integrantes de la organización.
Para preservar el anonimato y la confidencialidad, se utilizaron nombres de fantasía para las personas con discapacidad y sus familiares; los informantes clave tuvieron la posibilidad de elegir si querían figurar con su identidad real o con un seudónimo.






