EN UN RECIENTE DOCUMENTO ELABORADO POR SU CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN (CIYF), LA ASOCIACIÓN JUDICIAL BONAERENSE SOSTIENE QUE REVERTIR LA PÉRDIDA DE PARTICIPACIÓN DEL PODER JUDICIAL EN EL PRESUPUESTO PROVINCIAL CONSTITUYE UNA CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA RECUPERAR EL SALARIO REAL, MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO, INCORPORAR PERSONAL, FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA DE TODA LA POBLACIÓN BONAERENSE.
La propuesta plantea incrementar los recursos destinados a la justicia para recuperar salarios, mejorar las condiciones de trabajo, incorporar personal y fortalecer la infraestructura.
El documento advierte sobre la pérdida histórica de participación del Poder Judicial en el presupuesto provincial. Mientras en 2002 y 2003 superaba el 5%, en 2024 cayó al 3,22%. Aunque en 2026 se recuperó hasta el 4,08%, continúa lejos del 7% alcanzado en décadas anteriores.
Esta reducción de recursos, junto al crecimiento de la cantidad de causas, provocó una mayor sobrecarga laboral y un deterioro de las condiciones de trabajo.
A esto se suma la pérdida salarial: la subcategoría F registra una caída del 36% respecto de 2019, mientras que en las categorías superiores la pérdida alcanza entre el 9% y el 15%.
¿QUÉ PROPONE LA AJB PARA 2027?
El proyecto contempla un presupuesto de aproximadamente 3,69 billones de pesos, que incluye:
🔹 Recomposición salarial del 20% adicional a los aumentos paritarios.
🔹 Extensión y mejora del sistema de subcategorías.
🔹 Incremento del 10% de la planta de personal.
🔹 Mayores partidas para infraestructura y funcionamiento.
Además, propone recuperar una participación presupuestaria del 5% en el corto plazo y avanzar progresivamente hacia el 7%.
La AJB también reclama una Ley de Paritarias para las y los judiciales, único sector del Estado bonaerense sin regulación legal de la negociación colectiva, y avanzar hacia la autonomía financiera y presupuestaria del Poder Judicial.
Recuperar el presupuesto judicial es indispensable para mejorar los salarios, las condiciones laborales y garantizar el acceso a la justicia.
