EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, EL CONCEPTO DE LICENCIA SOCIAL PARA OPERAR (LSO) HA GANADO UN LUGAR CENTRAL EN LA AGENDA DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA. NACIDA EN EL SENO DE LA INDUSTRIA MINERA, A FINES DE LOS AÑOS 90, TRAS UNA SERIE DE CRISIS AMBIENTALES Y CONFLICTOS SOCIALES QUE PUSIERON EN JAQUE LA LEGITIMIDAD DE MUCHOS PROYECTOS EXTRACTIVOS, ESTA IDEA SE EXPANDIÓ RÁPIDAMENTE A OTROS SECTORES. HOY, NINGUNA COMPAÑÍA CON IMPACTO TERRITORIAL SIGNIFICATIVO PUEDE DARSE EL LUJO DE IGNORARLA.
Sin embargo, a medida que la LSO se difundió y ganó prestigio en el ámbito académico y empresarial, también comenzó a mostrar sus límites. La definición tradicional —como un “permiso intangible” otorgado por las comunidades en función de su confianza y aceptación hacia una empresa— peca, según algunos expertos, de ingenuidad. Carece de herramientas concretas para llevarse a la práctica, es ambigua respecto a los actores legítimos que pueden otorgarla y, sobre todo, no contempla mecanismos para prevenir abusos o garantizar procesos transparentes y trazables.
Frente a este escenario, comienza a tomar fuerza una nueva mirada: la de la Licencia Social para Operar Profesional. Esta perspectiva busca dejar atrás el paradigma romántico de la aceptación comunitaria como un valor puramente emocional y propone, en su lugar, la implementación de sistemas formales de participación, consulta y diálogo. En otras palabras, pasar de una “licencia social ingenua” a un verdadero Mecanismo de Participación y Comunicación Comunitaria para el Desarrollo de las Comunidades y la Empresa.
La pregunta clave ya no es si hay licencia, sino si hay mecanismos.
El modelo profesional parte de una premisa fundamental: si una comunidad no cuenta con canales institucionales y auditables para expresar sus inquietudes, la relación con la empresa queda librada a la buena voluntad de las partes. Y cuando ésta no alcanza —ya sea por desconfianza, intereses enfrentados o actores de mala fe—, emergen los conflictos: cortes de ruta, bloqueos, vandalismo, parálisis de proyectos e incluso, pérdidas millonarias.
En este sentido, la Licencia Profesional propone la implementación de cuatro pilares operativos:
- Un Protocolo de Transparencia: co-creado con la comunidad, para asegurar el acceso a la información clave del proyecto.
- Un Protocolo de Consultas: con lineamientos claros y preguntas de auditoría que aseguren la trazabilidad del proceso participativo.
- Un Protocolo de Reclamos, Quejas y Sugerencias: con sistemas de seguimiento y respuesta.
- Una Mesa de Diálogo: con registro escrito de las conclusiones y compromisos asumidos por las partes.
Estos mecanismos no sólo fortalecen la confianza, sino que permiten distinguir entre el reclamo legítimo y la extorsión encubierta. Ya que, si un ciudadano continúa ejerciendo presión incluso después de haber sido escuchado y compensado, es señal de que el conflicto no es social sino político, económico o incluso delictivo.
El nuevo estándar para operar con legitimidad
Este enfoque no reemplaza el concepto original de Licencia Social para Operar, sino que lo profesionaliza. Mantiene como valores fundamentales el respeto mutuo, la transparencia, la inclusión y la honestidad, pero los vuelve operativos. Y al hacerlo, contribuye no sólo a mejorar la relación entre empresas y comunidades, sino también a reducir riesgos financieros, operativos y reputacionales.
Cada vez más bancos, fondos de inversión y organismos multilaterales -como los que adhieren a los Principios de Ecuador o la International Finance Corporation (IFC) – evalúan el desempeño social y ambiental de los proyectos como un criterio clave para su financiación.
En ese contexto, contar con un Mecanismo de Participación y Comunicación Comunitaria no es sólo una buena práctica: es una ventaja competitiva.
En tiempos de transición ecológica y demandas crecientes de justicia social, las empresas que aspiren a una operación sustentable deberán profesionalizar su diálogo con los territorios.
Porque la licencia social no se otorga una vez y para siempre. Se construye, se renueva y se gana todos los días.
Por Rodolfo Tarraubella, Presidente de Fundación EcoConciencia.
