Con profundo pesar, informamos el cierre definitivo del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) de San Fernando, una decisión que se ejecutó de manera deliberada, progresiva y cruel a lo largo del 2024. Desde enero hasta diciembre, el equipo interdisciplinario sufrió un constante desgaste, mientras los despidos se llevaron a cabo de manera escalonada. Este proceso tortuoso se caracterizó por la falta de reemplazo de autoridades y la ausencia de una línea coherente de trabajo con el Ministerio de Justicia a nivel nacional; y culminó con el despido de la totalidad de sus trabajadores el día 30 de diciembre del 2024.Desde su apertura en septiembre de 2015, el CAJ de San Fernando recepcionó más de 15.000 consultas, dejando un legado significativo en la comunidad. Entre sus logros más destacados se encuentran:
- Creación de un protocolo de intervención en casos de violencia de género, que sirvió como herramienta fundamental para acompañar a las víctimas en sus denuncias y garantizar medidas de protección.
- Conformación de la red de trabajo interdisciplinario e interinstitucional más grande y seria de la región, involucrando a instituciones gubernamentales de salud, educación, seguridad, justicia y género.
- Realización de más de 3.000 mediaciones comunitarias, resolviendo conflictos vecinales, cuestiones de cuota alimentaria, y régimen de comunicación y relación familiar.
Entre las consultas más frecuentes atendidas por el CAJ se destacan:
- Violencia de género, acompañando a las víctimas en la formulación de denuncias y gestión de medidas de protección.
- Cuestiones familiares, como cuidado o guarda de niños, cuotas alimentarias y violencia infantil.
- Temas de discapacidad, incluyendo certificaciones, pensiones no contributivas y determinación de capacidades.
- Acceso a documentación para migrantes, resolviendo problemas de residencia y trámites administrativos.
- Consultas laborales, garantizando derechos y acceso a justicia.
El CAJ de San Fernando también se destacó por su capacidad de articulación federal, trabajando en conjunto con los otros 82 centros distribuidos por todo el país. Gracias a esta red, se resolvieron situaciones de personas nacidas en otras provincias que no podían viajar para realizar trámites, un ejemplo concreto de federalismo y acceso igualitario a derechos.
Una situación emblemática fue el caso de un ciudadano uruguayo sin DNI argentino ni de su país de origen. Durante un año, la trabajadora social del CAJ articuló con el hospital de islas, el consulado, Migraciones, Prefectura y RENAPER, logrando que este ciudadano accediera primero a una residencia temporaria y luego a una permanente, permitiéndole el acceso pleno a derechos.
El equipo interdisciplinario del CAJ estaba compuesto por una trabajadora social, una psicóloga, dos abogadas y un administrativo, quienes desempeñaron una labor incansable para garantizar el acceso a derechos de los vecinos y vecinas de San Fernando.
El cierre del CAJ de San Fernando no solo representa una pérdida para la comunidad local, sino también un retroceso en el acceso a la justicia y la garantía de derechos fundamentales. Instamos a las autoridades a reflexionar sobre el impacto de esta decisión y a buscar mecanismos que permitan restituir un servicio tan esencial para la comunidad.
