A través de un proceso participativo y como resultado de una serie de iniciativas implementadas como capacitaciones, encuestas, investigación de buenas prácticas y sugerencias de un grupo de trabajo especializado, desde la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia se formularon una serie de compromisos públicos en materia de género entre agentes y en relación con la atención de consultantes de los Centros de Acceso a Justicia (CAJ).