La Entidad considera que esta regulación resulta necesaria no solo por la coyuntura actual –en la que la pandemia de Covid-19 y las restricciones asociadas impulsaron esta modalidad laboral– sino porque el teletrabajo registra una sostenida expansión desde hace tiempo, fundada en las facilidades que brindan las nuevas tecnologías.

Sin perjuicio de lo anterior, la CAC advierte que el proyecto al que se otorgó media sanción no contempla diversos aspectos claves –sobre los cuales la Entidad expuso semanas atrás en el Congreso– lo que hace que, de no mediar modificaciones, sea de muy difícil implementación. Cuestiones vinculadas a la reversibilidad consensuada por ambas partes o con un marco de preaviso, jornadas flexibles, nuevos costos sobre el sector empleador, fiscalización e impacto en las alícuotas de ART, parecieran no haber sido atendidas adecuadamente.

Concebir al teletrabajo como una modalidad que únicamente beneficia al empleador es un error. Una regulación inteligente debe tener una mirada de equilibrio para trabajadores y empleadores, permitiendo a los primeros conciliar la vida personal con la vida profesional y a los segundos ver garantizado su poder de organización y dirección contemplados en la Ley de Contrato de Trabajo.

El derecho laboral es dinámico y requiere de normas que se adapten a una realidad cambiante. El marco normativo de Argentina se encuentra desactualizado en múltiples aspectos y una adecuada modernización permitiría crear más y mejor empleo.

Nuestro país está ante la oportunidad histórica de apuntalar una herramienta virtuosa que, entre otros beneficios, facilitaría la inclusión laboral de aquellos argentinos que residen en diversos puntos del interior del país y que podrían prestar tareas de forma remota para empresas ubicadas en zonas densamente pobladas. Una legislación inadecuada podría malograrla.

Por todo lo anterior, la CAC manifiesta que comprende y comparte la necesidad de ordenar el teletrabajo en un contexto excepcional como el presente, pero observa en su tratamiento legislativo la confección de un marco regulatorio que excederá a la pandemia y que, como está planteado, traerá aparejados numerosos efectos negativos. La Entidad reafirma su compromiso en pos de la construcción de un mercado de trabajo equitativo y sustentable en el tiempo, siendo fundamental para ello no regular cuestiones del futuro con conceptos del pasado.