El joven médico veterinario de 27 años llegó a nuestro país en julio del 2019 a realizar un posgrado en cirugía equina en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), pero el 13 de diciembre pasado sufrió una descompensación en su salud mental, que luego de una sucesión de intervenciones policiales, judiciales y de salud, y producto de una salvaje golpiza recibida en la Unidad Penitenciaria N°34, culminó con un cuadro de coma irreversible que finalmente desencadenó su muerte luego de permanecer dos meses en internación.
Este fatídico episodio pone de relieve, no sólo el estado de abandono que encontramos en la Provincia de Buenos Aires y de las instituciones que deberían cuidar y garantizar los derechos de las personas, sino la necesidad imperiosa de alcanzar la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental N°26.657. Ese instrumento se torna ineludible porque aporta los procedimientos que requieren éstas intervenciones, que no deberían ser penales. Para esto es necesaria la recuperación inmediata del Estado como rol central y garante de los derechos de todos los habitantes de nuestra provincia.
La criminalización de los padecimientos mentales vulnera derechos y produce consecuencias graves cuya máxima expresión es la muerte, como la de Christian. Tenemos que retomar el camino por el cual estas problemáticas sean abordadas desde el paradigma de los derechos humanos.
El trabajo intersectorial, el fortalecimiento de las redes de contención y la reconstrucción del tejido social a lo largo de toda la provincia son principios irrevocables con los que reafirmamos nuestro profundo compromiso por mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos y en especial de quienes presentan padecimientos de salud mental y vulneración de sus derechos.