A finales de la semana pasada se presentó la oferta a los bonistas extranjeros, que tiene como fin canjear aproximadamente 66.000 millones de dólares en bonos. Consiste en una quita de capital de 3.600 millones de dólares, lo que equivale a una quita del 5,4%; y de intereses en 37.900 millones de dólares, lo que equivale a una quita del 62%.

El Gobierno detalló que se podrían pagar con el ahorro de 2020 a 2025 por 34.100 millones de dólares: 10,4 años de AUH; 439,9 millones de Tarjetas Alimentar; o 219,8 millones de IFE.

Así las cosas, el Director de Políticas Públicas del Centro de Estudios Económicos ARGENTINA XXI, Jeremías Morlandi, planteó propuestas para volcar ese ahorro hacia el sector privado.

En estas propuestas, "se dejan afuera medidas para el sector privado que genera producción, riqueza y nuevas oportunidades para toda la sociedad", lamentó Morlandi.

"El Estado ya gasta mucho dinero del contribuyente en contribuciones sociales, jubilaciones sin aportes y pensiones. Si el Estado va a generar un ahorro, el mismo debería destinarse al sector privado, principal golpeado y perjudicado por la situación económica pre y post pandemia", expresan desde el CEEAXXI.

Para la confección del informe, y dada la información del Ministerio de Economía, se tomó un promedio de ahorro anual, entre los años 2020 y 2025, de U$S 6.820 millones; y un tipo de cambio de $87,5.

En relación con la generación de divisas y la producción, el informe plantea la eliminación de derechos de exportación debido a que "uno de los problemas más grandes que tiene nuestra economía es que, debido al rechazo del peso como reserva de valor por la irresponsabilidad de la autoridad monetaria y la monetización del déficit fiscal, se encuentra prácticamente dolarizada" pero "el ingreso de divisas es limitado. Excepto por la entrada de capitales de organismos bilaterales o alguna inversión extranjera marginal, la mayor fuente de divisas es la exportación de bienes y servicios".

En 2019 solamente, las exportaciones de bienes y servicios generaron divisas por 66.090 millones de dólares. De éstas, el complejo agroexportador representa el 35,9%.

"En el caso de la agroexportación, los aranceles son más elevados y variados. Por ejemplo, la carne paga un arancel del 9%; la soja y sus derivados, del 33%; mientras que el maíz y el trigo, pagan 12%", explican y agregan que "estos aranceles representan un freno a la actividad dado que los productores, además de verse obligados a pesificar sus ingresos al tipo de cambio oficial, mucho más bajo que el tipo de cambio al que se pesifican sus insumos, reciben un tipo de cambio efectivo menor, con una brecha por encima del 100%".

"En un contexto donde deberíamos estar impulsado las exportaciones de todo tipo de industrias para así, no sólo generar trabajo y crecimiento, sino también generar divisas que necesitamos para pagar nuestros compromisos financieros, no podemos darnos el lujo de frenar el impulso exportador”, motivo por el que proponen, con menos del 80% del ahorro anual promedio, eliminar dos fuertes impuestos a la exportación.

En cuanto al mercado de trabajo, se propone reducir en un 50% las contribuciones patronales y distintos impuestos al trabajo dado que "otro de los grandes problemas de la economía argentina se relaciona con el mercado laboral. Más allá de las excesivas y restrictivas leyes laborales que nuestro país arrastra hace décadas, encontramos que, en un país con un desempleo del 8,9% y una informalidad del 40%, los impuestos al trabajo son excesivamente altos y atentan no sólo contra la generación de empleo, sino contra el poder de compra de los trabajadores".

"El trabajador podría cobrar 17% más en su salario de bolsillo si no tuviera que pagar estos aportes y el empleador podría contratar a 1 empleado más por cada 4, si no tuviera que pagar las contribuciones a la seguridad social", explican desde el CEEAXXI y sentencian: "Cada trabajador que se suma al mercado laboral registrado es un trabajador menos al que todos los contribuyentes en su conjunto deben pagarle un beneficio social".

En tercer lugar, se propone como opción un Plan de reducción del empleo público, puesto que en Argentina se estima que existen 1.380.000 personas trabajando en puestos administrativos, es decir, sin participar de los servicios de educación, salud ni seguridad.

"El Estado no debe funcionar como agencia de empleo en ninguna economía. Si se le permite al sector privado crecer y desarrollarse, muchas de esas personas podrían ser reubicadas allí y pasarían a ser parte de la masa salarial que aporta al sistema", afirman.

Explican, entonces, que la indemnización correspondiente para un trabajador con ese salario y 10 años de antigüedad es de aproximadamente 850 mil pesos. El plan consiste en la entrega de 425 mil pesos en mano, lo que le serviría al trabajador para realizar alguna inversión o empezar un emprendimiento propio. Sumado a esto, se abonaría en mano el 50% del sueldo bruto (30 mil pesos) por un año, aunque encuentre un nuevo trabajo. Esto arroja un costo por despido promedio de 9.000 dólares por trabajador. Adicionalmente, el informe propone eximir de impuestos al trabajo y contribuciones patronales por un plazo de 2 años a aquellos empleadores que contraten a exempleados públicos.

"Con sólo un año del ahorro anual promedio generado por el canje de deuda, se podrían eliminar 480 mil empleos públicos administrativos, dejando un plantel de 900 mil empleados", continúa el CEEAXXI y detalla que "el ahorro adicional que genera esta propuesta para los años posteriores, considerando solamente el pago de sueldos y no el potencial aporte que podrían hacer estos trabajadores desde el sector privado, sería de 3.950 millones de dólares anuales; lo que equivale a 4,5 meses de recaudación de Impuesto a las Ganancias en 2019 o a una baja de 4,6 puntos de IVA".

"Estas tres propuestas tienen como objetivo quitarle parte de la carga impositiva al sector privado, incentivar la producción y generar empleo genuino. No hace falta elegir. Las tres se pueden aplicar en conjunto, en diferente cuantía; o bien, paulatinamente en su totalidad, dado que las tres generan nuevos recursos en sí mismas", expresa el informe.

Advierten que "las propuestas del gobierno, más allá de generar una supuesta empatía, no generan riqueza. Simplemente continúan con la espiral decadente en la que Argentina está inmersa desde hace décadas. Puro asistencialismo, poca generación de riqueza" y concluyen: "Debemos concentrarnos en expandir al sector que genera riqueza y empleo, dado que así se incrementará el ahorro y la inversión; y no focalizarnos exclusivamente en ingresos ficticios que no generan ningún tipo de valor. Esa asistencia es necesaria y ya existe, lo que se debe forjar ahora son las bases para ir reduciendo ese asistencialismo".