“Es necesario que enfoquemos que el sistema penitenciario es una fuente constante de inseguridad ciudadana”, afirmó el Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la Provincia, Marcelo Honores, y consideró que “la población, lejos de verse protegida, se ve amenazada por la incapacidad del Estado de ejercer esta función”.