Honores y Salvador analizan la creación de un mecanismo de defensa de DDHH

Honores y Salvador analizan la creación de un mecanismo de defensa de DDHH
15 Abr
2018

La conformación de una mesa multisectorial que apunte a la creación de un mecanismo específico de prevención de la tortura en el ámbito provincial, le propuso hoy al vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, el Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud, Marcelo Honores, durante el encuentro que mantuvieron en la localidad de Otamendi, partido de General Alvarado.

Honores recibió a Salvador, que participa este fin de semana del retiro que la gobernadora María Eugenia Vidal y su gabinete realizan en el complejo turístico de Chapadmalal, en el Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi, a donde se reunieron con vecinos bajo la premisa de escuchar sus inquietudes y atender sus problemáticas, encuentro del que también formó parte el diputado Maximiliano Abad.

En ese marco, Honores interiorizó al Vicegobernador sobre la resolución del Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, de constituir la herramienta provincial para integrar el sistema nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

Según trascendió, la Defensoría del Pueblo ya elevó a la Legislatura y al Ejecutivo un “paper” en el que fundamenta la importancia de crear en territorio bonaerense lo establecido por la ley nacional 26.827, que al instaurar el sistema nacional contra la tortura, postula en su articulado la necesidad de recrear ese organismo a nivel local en todas las provincias del país.

Bajo esa perspectiva, la Defensoría delineó el escrito que remitió a la Gobernación y a las cámaras legislativas, donde plantea, por un lado formar parte de la nueva estructura local, y por otro se ofrece como ámbito de funcionamiento, en una réplica de lo que ya ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La iniciativa destaca que las defensorías del Pueblo son instituciones de garantías, protectoras y promotoras de los derechos humanos, con competencias sustentadas en principios tales como independencia y el pluralismo.

Argentina adhirió en 2004 al protocolo facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes y recién a fines de 2012 constituyó el Comité a nivel nacional, con el objetivo de “garantizar todos los derechos reconocidos, tendientes a la prevención y prohibición de la tortura”.

La herramienta que Honores y Salvador analizaron tiene como funciones “efectuar con o sin aviso previo visitas de inspección a cualquier lugar objeto de su competencia, básicamente, cárceles y demás establecimiento en que se alojen personas privadas de su libertad”, además de “diseñar y recomendar acciones y políticas para la prevención de la tortura”.

Asimismo, coincidieron en la absoluta necesidad de promover una amplia discusión del tema, con una participación de todos los actores que puedan enriquecer la iniciativa. “Legisladores, organismos de derechos humanos, colegios profesionales, especialistas en la materia, deben opinar y trabajar en la conformación del organismo, para que desde su concepción tenga la mayor legitimidad posible y trascienda a los gobiernos para convertirse en una política de Estado”, concluyó Honores.

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